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La consigna era, el pasado jueves, aprobar a como diera lugar las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones, y Radio y Televisión. Y en una ironía que hizo ver aún más grotesca la farsa en que se convirtió la discusión y aprobación de esas reformas, senadores del PRI, PAN y PVEM finalmente aprobaron una ley inconstitucional, horas después de homenajear al constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. Pero no fue todo en el espectáculo circense que nos ofreció la llamada "Cámara Alta". Los señores senadores de la República aprobaron un dictamen que fue alterado de manera ilegal y deliberada, en su tránsito de San Lázaro a Xicoténcatl; además de que promovieron y aprobaron una iniciativa de reformas a una ley inexistente en ese momento, la "ley Televisa" que aprobarían horas después, votaron mal una moción suspensiva, y hasta se inventaron un nuevo término, también inexistente, al inaugurar los "dictámenes paralelos". Y todo, la monumental farsa legislativa, para aprobar una ley que beneficia a las poderosas televisoras, al duopolio de Televisa y Televisión Azteca, a las que se les garantiza un rentable "plan de negocios" para mantener su monopolio durante el próximo medio siglo. Pero vale preguntar: ¿a cambio de qué se armó la gran farsa que presenciamos los ciudadanos en pasado jueves y la madrugada del viernes? Tres meses de apoyo publicitario para los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, a cambio de las garantías para que en el próximo medio siglo las televisoras sigan siendo un sólido monopolio. Y todo a costa de ceder soberanía en el manejo estatal del espacio radioeléctrico, y de consolidar la nueva jerarquía de los poderes, una nueva distribución de poderes en donde el Ejecutivo y el Legislativo han sido no sólo doblegados, sino subsumidos por el poder fáctico de las televisoras. Sólo falta que el 2 de julio próximo se nos proponga votar, ya no por los señores López Obrador, Calderón Hinojosa y Madrazo Pintado, sino por uno de los nuevos jefes del Estado mexicano, los señores Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. Y son capaces. Una ley ilegal Y es que después de lo que presenciamos el pasado jueves y la madrugada del viernes, de Televisa y Azteca ya se puede esperar cualquier cosa. La sesión plenaria del Senado de la República en la que supuestamente se discutiría la "ley Televisa" -porque en realidad fue un monólogo en donde los opositores ganaron el debate, pero perdieron la votación-, se inició con una ridícula parodia que adelantó la gran farsa. Se rindió un homenaje al respetado constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, para luego aprobar una reforma claramente inconstitucional. Pero eso no importó a ninguno de los poco más de 80 senadores del PRI, PAN y PVEM que votaron por esa reforma. Resulta que la "ley Televisa" -según la propia Comisión Federal de Competencia (CFC) y de acuerdo con el reclamo reiterado de senadores del PRI, PAN y PRD que la impugnaban-, es una reforma monopólica porque permite la concentración de las señales de televisión y radio en el duopolio televisivo y en manos de los grandes grupos de la radio. El artículo 28 constitucional, hay que recordarlo, prohíbe los monopolios. Pero a pesar de las evidencias exhibidas, los senadores que la apoyaron y los operadores políticos de las televisoras -que en la sesión del Senado de la República del pasado jueves pudieron entrar al salón plenario para hacer todo lo necesario a su favor-, hicieron todo lo necesario para que no prosperaran los reclamos de inconstitucionalidad. Y si bien aún es posible recurrir al Poder Judicial para interponer un recurso de inconstitucionalidad de la "ley Televisa", si es que un tercio de senadores -un total de 43 senadores- decide apoyar esa acción legal, lo cierto es que se trata de una posibilidad remota. ¿Por qué? Porque fue evidente que las televisoras lo impedirán. Y eso quedó claro cuando en la primera votación que se dio durante el debate de la "ley Televisa" -luego de que un grupo de senadores del PAN presentó una moción suspensiva-, se registraron 44 votos a favor de que se suspendiera el debate del dictamen, 76 votos en contra y una abstención. ¿Qué significaba esa votación? Que poco más de un tercio de los senadores, es decir 44, estaban en contra de la reforma. Esto es, que era posible que prosperara la demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, la votación final de la reforma arrojó un resultado que muestra que hubo "mano negra", precisamente para enviar el mensaje de que será casi imposible reunir a un tercio de senadores para reclamar la inconstitucionalidad de la "ley Televisa". La reforma fue aprobada por 81 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuatro senadores de la votación anterior, que era contra la reforma, se pasaron a los abstencionistas. Así, la diferencia entre una eventual controversia por la inconstitucionalidad de la "ley Televisa" y la cancelación de esa posibilidad estará en el voto de tres senadores. Esto si recordamos que para acudir a la Suprema Corte se requieren las firmas de 43 senadores. Dictamen alterado Los opositores a la reforma intentaron echar abajo la discusión con un recurso que se antoja de sentido común. Es decir, que un puñado de legisladores descubrió que el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2005, y que en calidad de minuta pasó al Senado, no era el mismo que se sometió a discusión el pesado jueves. Resulta que el artículo "cuarto transitorio" que aprobaron los diputados hace referencia a un "artículo 9-A" de la ley en cuestión, en tanto que el dictamen que se discutía el jueves hacía referencia a un "artículo 9-B" de la propia reforma. Nadie supo explicar quién y por qué se hizo el cambio, que no es una fe de erratas, sino una modificación de criterios sobre el nombramiento del presidente del "consejo" que se creará para la entrega de concesiones; criterio introducido de última hora, ya cuando la reforma había sido aprobada por los diputados. A pesar de la alteración, que es una falta grave, un insulto a la Cámara de Diputados y una evidencia de que se hizo trampa, el asunto tampoco le importó a los senadores. Y tampoco mereció su atención que en el artículo 17-E hable de una "Comisión Federal de Competencia Económica", que es una institución inexistente. Insulto y burla Pero tampoco fue todo. Los senadores promotores de la "ley Televisa" no se conformaron con la gran farsa, sino que en una abierta burla se aventaron la puntada de presentar una iniciativa de reformas a una ley inexistente, a la "ley Televisa", que aún no era aprobada. Es decir, antes de que iniciara el debate sobre las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, el senador del PAN, Héctor Osuna, presentó una iniciativa de reformas a las leyes federales de Radio, Televisión y de Telecomunicaciones. Pero en esa iniciativa presentada de última hora, se asume como ya aprobada y vigente la "ley Televisa". Está claro que se trató de una burla, de una maniobra "para lavarnos la cara" frente a los medios públicos, y "para convencer a los senadores indecisos", según dijo el propio senador Héctor Osuna, quien argumentó de la siguiente manera: "Pero no puedes negar que si bien no es una forma ortodoxa de legislar, sí es una forma creativa de hacerlo", y soltó la carcajada. En el fondo se les ofreció a los senadores inconformes la "zanahoria" de una reforma a la reforma. O si se quiere, al presentar la repentina reforma a la "ley Televisa" que aún no se aprobaba, se quiso dar una prueba de que sí se atendería el reclamo de la radio y la televisión públicas, educativas, culturales y comunitarias. Esa repentina reforma fue aprobada por 80 senadores, ninguno de los cuales pudo explicar por qué si estaban de acuerdo con impulsar esos cambios a la "ley Televisa", por qué no los hicieron directamente en la minuta que llegó de la Cámara de Diputados. Un operador de Televisa lo explicó así: "Tenía que pasar la reforma tal como llegó de la Cámara de Diputados porque ese fue el acuerdo con las fracciones, incluido el PRD. Si se le hacen cambios en el Senado, la minuta deberá regresar a la Cámara de Diputados, y frente al escándalo que hay por la colaboración del PRD, era seguro que no fuera aprobada, de nueva cuenta, por los diputados". Pero lo cierto es que tampoco hay ninguna seguridad de que "las reformas paralelas", como se le llamó a los cambios que se prometieron hacerle a la "ley Televisa", puedan prosperar. ¿Por qué? Pues por las mismas razones que expuso el cabildero de Televisa, porque es un asunto que dejó "chamuscados" a todos los partidos. Tampoco aquí termina la historia. La aprobación de la "ley Televisa" se dio en medio de graves irregularidades, como ya se explicó, pero también de procedimientos alterados, como la votación en la que se reclamaba una "moción suspensiva". El procedimiento fue alterado, ante la premura por sacar adelante, a costa de lo que fuera, y por sobre lo que fuere. Y por si fuera poco, se inventaron figuras parlamentarias como la de "dictamen paralelo", inexistentes en la práctica parlamentaria mexicana, pero que se les dio validez total. Más aún, la "ley Televisa" no toma en cuenta una reforma a las facultades que tiene la Secretaría de Gobernación en cuanto a la entrega de concesiones. Fue todo un cochinero, pues. Los farsantes Una vez que fue aprobada en lo general la llamada "ley Televisa", y cuando todos sabían que la discusión del articulado en lo particular no fue más que un recurso de "pataleo" de los senadores opositores a la ley, se relajó el ambiente y la polarización entre legisladores y operadores políticos de las televisoras -que por cierto, quién sabe quién les permitió entrar al salón plenario, con un gafete especial, pertrechados con equipo de comunicación con el reportaban todas las incidencias, y que de tanto en tanto enviaban mensajes a senadores como Emilio Gamboa-, y fue posible reconstruir la historia de la farsa y conocer a los farsantes. En efecto, una elemental reconstrucción -con pláticas aquí y allá, entre senadores y operadores políticos- permitió saber que la llamada "ley Televisa" fue un acuerdo del consorcio de Azcárraga Jean con los candidatos presidenciales de todos los partidos, incluido Andrés Manuel López Obrador. La incorporación del PRD al voto favorable a la iniciativa de reformas en la Cámara de Diputados, no fue un "error" como lo dijo Pablo Gómez, sino parte de la estrategia del candidato presidencial de la Alianza por el Bien de Todos. Las televisoras deslizaron la especie de que no estar con la reforma era estar en contra de Televisa, lo que sería suicida para cualquiera de los aspirantes presidenciales. En efecto, la "línea" llegó a los diputados desde sus respectivos aspirantes presidenciales. Por eso la unanimidad en la Cámara de Diputados. Pero frente al escándalo que se generó luego del 1 de diciembre de 2005, y ya sin el riesgo de que pudiera ser detenida en la Cámara de Senadores -en donde el voto del PRI, PAN y PVEM era suficiente para aprobarla-, el PRD se deslindó como una mera estrategia de imagen. Y esa versión la confirma la debilidad con la que el candidato Andrés Manuel López Obrador se expresó sobre una reforma que va en contra precisamente de todo su postulado de campaña, porque sólo sirve para beneficiar "a los poderosos". El discurso de que "primero los pobres" quedó exhibido como otra farsa, porque igual que el PRI y que el PAN, el candidato del PRD primero benefició a los intereses privados de los poderosos consorcios monopólicos de la televisión y la radio. Por eso la seguridad que muestra AMLO al rechazar que las televisoras vayan a cerrar espacios a su candidatura, a pesar de que el PRD se opuso a la "ley Televisa" en el Senado. La votación en la cámara revisora, en la de Senadores, no era más que una simulación para aprobar lo que ya se había pactado en la cámara de origen, la de Diputados, en donde supuestamente se elaboró la ley, en donde debió ser incorporado todo lo que luego se intentó enmendar. Así, al aprobar la llamada "ley Televisa" los partidos políticos todos, los candidatos presidenciales todos, la partidocracia en general, le entregó a la telecracia el certificado de legitimación como el verdadero poder en México, en la nueva jerarquía que han adquirido los poderes institucionales frente a los poderes fácticos. En la farsa participaron todos los partidos y todos los candidatos, quienes quedaron en calidad de farsantes. Congreso arrodillado Pero lo más grave es que todos: partidos, candidatos y legisladores, toleraron, por un primario sentido de poder, que uno de los tres poderes, el Legislativo, haya terminado en una grotesca caricatura. Al asumir sus cargos como legisladores federales, tanto senadores como diputados protestaron respetar y hacer respetar la ley, la Constitución, pero en el caso de la "ley Televisa" aquellos que la votaron, los que se doblegaron ante el poder fáctico de las televisoras, incumplieron con su responsabilidad. Lo pagarán, sin duda, en las urnas. Pero lo más curioso es que tarde o temprano se hará realidad una advertencia que hicieron casi todos los opositores a la "ley Televisa": "A ver qué dicen cuando las televisoras no les cumplan. Y si no lo creen, que le pregunten a Arturo Montiel". Y es que, en efecto, los diputados y senadores que aprobaron esa ley, son los responsables de la socialización de la pobreza, pero también la privatización y concentración de la riqueza. Y esa polarización ha sido, en la historia de la humanidad, el germen de las rebeliones. Y si no, al tiempo. aleman2@prodigy.net.mx
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