Para el jefe del Ejecutivo mexicano no fue un "sábado de gloria". Tampoco un domingo de resurrección. No, el presidente Vicente Fox prefirió promulgar la cuestionada "Ley Televisa" -que apareció en el Diario Oficial el pasado miércoles 12 de abril para entrar en vigor en esa misma fecha- precisamente cuando la mayoría de los mexicanos iniciaron el puente vacacional de Semana Santa.

Si los diputados de todos los partidos, incluidos PRD, PAN y PRI, recurrieron al fast track -en una votación de tan sólo siete minutos-, si los senadores del PRI y el PAN se valieron del "albazo" -en una aprobación que se dio en el alba-, el presidente Fox promulgó la "Ley Televisa" en lo más parecido a un "sabadazo", es decir, cuando la sociedad se encuentra vacacionando o desmovilizada. Y claro, lo importante era eso, pasar desapercibidos.

A Vicente Fox le bastaron sólo 12 días para revisar, validar y hacer ley el paquete de reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones, y de Radio y Televisión, que al Senado de la República le había llevado cinco años de discusión y que la Cámara de Diputados le requirió por lo menos tres legislaturas para su discusión y análisis. Pero a las televisoras no les bastó más que hacer valer su peso mediático como constructoras o destructoras de la imagen de los candidatos presidenciales, para doblegar a los anteriores poderes.

La trampa y la ofensa

Por una razón que no le han explicado a los ciudadanos, a los mandantes, a quienes son la esencia de la democracia, dos de los poderes fundamentales del Estado mexicano: el Legislativo y el Ejecutivo, tenían la urgencia de aprobar, a como diera lugar, la "Ley Televisa". Y por supuesto que para el poder mediático del duopolio televisivo -Televisa y Televisión Azteca- se trataba de una reforma capital. Pero para los ciudadanos, más allá de las engañifas oficiales y de la demagogia de las televisoras, la "Ley Televisa" no fue más que el sometimiento de dos de los poderes del Estado mexicano -por el momento sólo dos de esos poderes-, a los intereses del poder mediático de los intocables grupos televisivos.

La telecracia -es decir, el poder público en manos de las televisoras- se impuso sobre los principios, los valores y las reglas institucionales de la naciente democracia mexicana. Si las televisoras fueron los últimos medios en reconocer la pluralidad política, los últimos que se abrieron al juego político electoral, los últimos medios que le apostaron a la transición democrática; hoy son las empresas cuyas carteras resultan las verdaderas gananciosas del juego democrático. Pero el asunto no se queda en eso, sino que hoy esas empresas televisoras han modificado la "jerarquía de los poderes" y aparecen como el poder hegemónico en México.

El poder que da y quita, el que construye o destruye carreras políticas, liderazgos y lo mismo alcaldes que gobernadores, senadores, diputados federales y presidentes de la República. Hoy el Congreso mexicano y el Presidente de los mexicanos, los poderes Legislativo y Ejecutivo, fueron doblegados por los intereses de un puñado de poderosas familias que no sólo detentan las más importantes concesiones de la radio y la televisión, sino que manejan a su antojo las aspiraciones de que candidatos a puestos de elección popular se conviertan en diputados, senadores, gobernadores o presidentes de la República.

La forma es fondo

Y en efecto, es harto cuestionable -si no es que hasta ofensivo-, que el presidente Fox no sólo haya hecho "oídos sordos" a las muchas y autorizadas voces que le pedían, le reclamaban, le exigían que vetara la "Ley Televisa", que argumentaron desde la academia, desde instituciones públicas, desde la sociedad civil en general que, por el bienestar de todos, diera marcha atrás a una reforma perniciosa para la sociedad en general, sino que haya recurrido a la "marrullería" de publicar la reforma en plenas vacaciones de Semana Santa. Al estilo de las mafias políticas.

Pero si la forma resulta condenable, el fondo es aún más preocupante. Sólo faltó el ya clásico: "¿Y yo por qué?". Si en la casa presidencial, entre los expertos del tema que aconsejan al jefe de las instituciones se sabía que la reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión era un engendro legislativo que beneficia sobre todo a las televisoras, si esos mismos consejeros recomendaron enmiendas inmediatas, la promulgación que promovió el presidente Fox no tiene pies ni cabeza.

¿Por qué hacer publicar en el Diario Oficial una reforma que según la misma casa presidencial es incompleta? La respuesta es muy sencilla; porque esa reforma, tal y como salió del Legislativo, tal y como fue promulgada por el Ejecutivo, fue impulsada por Televisa con todo el aval del presidente Fox y, sobre todo, por la señora Marta Sahagún. Ingenuos ciudadanos; entre académicos, periodistas, investigadores, que aún creyeron que Vicente Fox podía ser, hacia el final de su gobierno, un Presidente que cumpliría y haría cumplir la protesta de ley, el 1 de diciembre del año 2000, de que respetaría y haría respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

El problema de fondo más allá de que claudicaron los poderes Legislativo y Ejecutivo frente al interés personalísimo de las televisoras, frene al "plan de negocios" de Televisa, es que desde esos poderes, desde el Legislativo y el Ejecutivo se promovió una ley que beneficia sólo y exclusivamente al interés de los grandes grupos de la televisión. ¿A cambio de qué esa claudicación? Todos lo saben: los partidos representados en el Congreso mexicano decidieron aprobar la "Ley Televisa" a cambio de que las televisoras les ayuden a los presidenciables de los tres principales partidos políticos a acceder al poder.

De patos y escopetas

Sí, por increíble que parezca, en sólo 18 años la jerarquía de los poderes institucionales, y la perversión de la hegemonía presidencial sobre los medios de comunicación cambió de tal manera que las otrora sometidas televisoras privadas, al control corporativo del PRI -igual que las frecuencias de las no menos poderosas cadenas de radio-, pasaron de ser "soldados del PRI" a capataces que someten no sólo al PRI, sino a la partidocracia toda, a los partidos políticos y sus candidatos presidenciales.

Seguramente muchos recuerdan cuando el PRI hegemónico del poder presidencial estimulaba el desarrollo y consolidación de los grandes y poderosos grupos de la televisión y al radio en México. Ese apoyo se daba a través de las jugosas ganancias económicas, pero además, a cambio de que las señales y las frecuencias de la televisión y la radio estuvieran al servicio del PRI. Desde Televisa, en los tiempos de Jacobo Zabludovski, y desde la naciente influencia de la radio, se dieron vergonzosas anécdotas del control corporativo de los espacios informativos en la pantalla "chica" y en las frecuencias radiales, al servicio de los candidatos y los gobiernos del PRI.

Aquel concesionario de televisión o de radio que no era soldado del PRI y aliado del presidente en turno corría el riesgo de perder su concesión. Ese control empezó a romperse primero por la prensa escrita, al inicio de la década de los años 80, luego por la prensa y la radio en 1995, a raíz de los sismos de la ciudad de México, pero fue un verdadero escándalo en las elecciones presidenciales de 1988, cuando la prensa y la radio se abrieron a la pluralidad y la alternancia electoral del momento, mientras que la televisión permanecía cerrada. Ya hemos recordado en este espacio las gestas de heroísmo político electoral de los Cárdenas y los Clouthier.

Al final, en la elección presidencial de 1994 la televisión privada abrió sus canales a la pluralidad y la democracia. Pero esa apertura no fue una apertura gratuita y menos una concesión graciosa a favor de la democracia, sino una participación mediática condicionada a la jugosa tajada económica que significaba, para la radio y la televisión, el pago de spots publicitarios que le garantizaba a los empresarios de los medios electrónicos la naciente ley electoral, la que si bien regulaba los procesos electorales, los hacía creíbles, transparentes y confiables, también los mantenía sometidos al peso de la radio y la televisión.

Pero el inicio del gran quiebre se dio en el año 2000, cuando gracias a un hecho casi fortuito, el entonces candidato presidencial, Vicente Fox, se alió con una de las grandes televisoras, con Televisión Azteca -a la que luego en su gobierno beneficiaría con todo, incluso con un banco-, y se comprobó que la televisión, primero y en mayor medida, y luego la radio, en un pequeña pero significativa porción, eran capaces de influir de manera decisiva en los procesos electorales; capaces de poner y quitar al presidente en turno.

En Televisa se produjo un cambio generacional, y el nuevo capitán dio el paso decisivo, ya que pactó no sólo la reducción del impuesto de 12.5% de las televisoras, sino que consiguió casas de juego, y al final, hizo posible que todos los presidenciables, no sólo el gobierno en turno, le aprobaran una ley impulsada desde sus oficinas, la "Ley Televisa", que no es otra cosa que un plan de negocios para los próximos 50 años. Televisa aprovechó el momento electoral en que todos los partidos dependen de la popularidad, para presionar hasta doblegar a los partidos, a los candidatos y, por si no fuera suficiente, a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero falta uno de los poderes, el Judicial.

El Judicial, la esperanza

En efecto, no todo está perdido. Por lo menos en teoría. Y es que desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores que aún mantienen un poco de vergüenza, y que parecen preocupados por la antidemocrática "Ley Televisa", parece dispuesto a dar una batalla que podría ser definitiva y crucial. Es decir, recurrirán a la Suprema Cote de Justicia, el más alto tribunal del país, para denunciar no sólo una grave inconstitucionalidad de la citada reforma, sino para hacer valer la real jerarquía de los poderes.

En los próximos días se presentará un recurso de inconstitucionalidad por un puñado de legisladores federales que reclaman, fundamentalmente, que la "Ley Televisa" no es más que un conjunto de reformas que estimulan el monopolio de la radio y la televisión -lo cual prohíbe el artículo 28 constitucional-, y que atenta contra los avances democráticos del país. Según esos legisladores, están dadas las condiciones para que prospere el recurso legal, y en condiciones de normalidad democrática, dicha reforma deberá ser rechazada.

Sin embargo, los actuales no son tiempos de normalidad democrática -más bien parecen tiempos de retroceso democrático-, ya que debido al momento político electoral que se vive, y a causa de la feroz disputa por el poder presidencial, el interés de las poderosas televisoras se ha colocado por encima de las instituciones y del propio interés general. Y dígalo si no el hecho de que el poder mediático ya derrotó a los poderes institucionales del Ejecutivo y el Legislativo, además de que ya fue capaz de someter a la "partidocracia" en su conjunto. Además de que desplazó totalmente al interés ciudadano.

Pero ¿qué se puede esperar de la Suprema Corte de Justicia?, si el peso de las televisoras ya ha doblegado a los otros dos pilares institucionales del Estado mexicano. En realidad el de la Corte es el último recurso y la última esperanza de que en los tiempos electorales que se viven, y ante las presiones que han doblegado al Ejecutivo y al Legislativo, el Poder Judicial responda como los ciudadanos esperan: con la capacidad de imparcialidad y justicia que reclama el momento. La moneda está en el aire, y son muchos los que no tienen confianza en una Suprema Corte que también tiene intereses comprometidos, como es el caso de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien dio claras muestras de parcialidad en el caso de Infored contra Radio Centro. Si ese va a ser el criterio, ya podemos esperar que también la Suprema Corte, que es decir el Poder Judicial, sea doblegado por el poder de Televisa. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx