LOS poblanos y una multitud solidaria pidieron ayer la destitución del gobernador Mario Marín Torres durante una pretendida “marcha del silencio” que terminó con gritos de “¡corrupto, ladrón, asesino, mentiroso, defensor de pederastas!”. Así le respondieron, diez días después de que, a la vieja usanza, el gobierno local acarreó gente para simular una manifestación de apoyo ciudadano al mandatario, quien a la ofensa hecha agregó la burla.

La indignación es comprensible y compartible. El gobernador, exhibido hace dos semanas en una conversación telefónica privada con el industrial textil Kamel Nacif Borge, en la que se revela una maniobra ilegal contra la activista social y periodista Lydia Cacho, sacudió de vergüenza al país y provocó una enérgica demanda de la Cámara de Diputados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que investigue el caso. Del dictamen de la Corte puede derivarse un juicio político que deponga al jefe del Poder Ejecutivo de Puebla.

Marín cometió acciones muy graves. Puso el aparato judicial del Estado al servicio de un amigo suyo, presuntamente inmiscuido en casos de pederastia; ejerció venganza contra el ejercicio profesional de una periodista; reveló su insensibilidad e irresponsabilidad ante la sociedad al ignorar los casos de niños y niñas víctimas de prostitución, y dio una muestra inadmisible de cómo la autoridad puede llegar a operar.

Sobran razones a los participantes en la marcha de protesta para estar encolerizados y demandar la máxima sanción para un gobernador, que es removerlo de su puesto. El caso exhibió, más que nada, la colusión de autoridades y presuntos delincuentes; el servilismo de ciertos mandatarios ante empresarios que contribuyeron a sus campañas.

La posición del gobernador Marín es francamente insostenible. Ha perdido respetabilidad y la confianza de sus gobernados.

Al margen de la salida legal que deberá encontrar el asunto, importa resaltar que esta manifestación realizada fundamentalmente ha sido contra la impunidad. La sociedad no puede seguir siendo rehén de autoridades venales ni mucho menos de empresarios poderosos, corruptos y corruptores como el coacusado Kamel Nacif.

Pareciera que para Mario Marín la carrera política ha terminado, aunque él sea incapaz de advertirlo y aceptarlo. Ni Puebla ni ningún otro estado de la República, ni México mismo, son merecedores de gobernantes con ese perfil. Así lo demanda la sociedad.

Menores males causará la pronta salida del gobernador Marín que si se obstina en aferrarse al mando. La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una formalidad que hay que cumplir, pero no va a modificar la certeza de que las cosas sucedieron como las conocemos. Cualquier versión diferente sería inaceptable y ofensiva.

La misma afectada, en su libro Los demonios del edén, ofrece relatos y testimonios, nombres y detalles que no han sido totalmente indagados por las autoridades correspondientes.

Hay que resaltar que la marcha es una expresión popular de hartazgo contra la impunidad. Está en juego la imagen de Puebla y del país a favor de un estado de derecho. Se espera que esta amplia manifestación tenga efectos concretos y que no se deje pasar el tiempo para que el enojo ciudadano se diluya.

La manipulación de la justicia en el caso Marín-Kamel Nacif adquirió un nivel grotesco e incontrovertible. Esta es la coyuntura para que las autoridades máximas del país, dentro del marco legal, apliquen todo el peso de la ley. Sanear la vida pública del país, sus instituciones, es una demanda que no puede esperar más. Porque todos los días nos recuerdan que vivimos en un estado de derecho.