HASTA de Conchos es un nombre que hoy enluta a todos los mexicanos y que debe avergonzar a la Secretaría del Trabajo de la Federación, a la empresa Industrial Minera México, IMM, al sindicato de mineros y al gobierno de Coahuila.

Allí, en ese lugar, murieron de forma extremadamente dramática, durante una explosión de gas metano y un derrumbe, 65 trabajadores que ganaban de 65 y 130 pesos diarios para mantenerse y para sostener a sus familias.

Dicen que no se saben las causas de la explosión, pero sí hay la certeza de que la empresa Grupo México, propietaria de la IMM, obtuvo el año pasado un incremento apreciable en sus utilidades, debido, entre otras cosas, a los precios de los productos mineros y a los ahorros en costos, ostensiblemente en salarios y, quizás, en medidas de seguridad.

El secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, declaró ayer que se investigarán las causas de la explosión, como si no fuera su responsabilidad previa conocer y solucionar asuntos de tipo laboral, que en este caso rozan el esclavismo, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún viviéramos en el porfiriato y no como si no hubiera ocurrido una revolución o no hubiera transcurrido casi un siglo desde el asunto Cananea.

Lo que está claro es que ninguna autoridad federal ni local, ni el sindicato de mineros, de líderes ricos y trabajadores pobres, se aseguró de que en los socavones, donde la actividad es de alto riesgo, se tomaran las debidas precauciones para reducir la posibilidad de tragedias como la del pasado domingo 19, ni cuidaron que los salarios y prestaciones estuvieran a la altura del peligro y de la riqueza generada.

Además, según confirmó el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ni el gobierno federal ni la empresa minera proporcionaron información fidedigna sobre lo que ocurría, y mostraron una inhumana e irresponsable falta de atención con las familias de los trabajadores atrapados bajo toneladas de tierra.

Aun así, hoy lo que importa es esclarecer los hechos, indemnizar debidamente a las familias con base en la magnitud de la tragedia, no en el pago en nómina a los trabajadores y, en especial, restablecer operaciones ajustadas a las máximas medidas de seguridad posibles.

El sacrificio de estos 65 mineros, como el de muchos otros que han muerto sin que la opinión pública se entere, adquirirá sentido si sirve para mejorar las condiciones de vida de sus compañeros y para establecer los sistemas de protección que son debidos en su actividad.

Cierto: esta tragedia nos enluta, pero al mismo tiempo nos lleva a exigir que los responsables asuman con dignidad y hombría la parte que les corresponde y acaten las consecuencias de ello.

Nada volverá a la vida a los trabajadores muertos, pero sí podemos exigir hoy, aquí, que los trabajadores mineros del país sean considerados trabajadores de alto riesgo y se les pague con base en ello, con salarios y prestaciones dignas de ese tipo de hombres que lo único que hacen es obtener su salario de la forma más digna y honorable que corresponde a todo hombre de bien: el trabajo.

La empresa es culpable y tuvo como cómplices a las autoridades que le solaparon negligencia, irresponsabilidad y codicia, y a los líderes sindicales que nada hicieron por ayudar a mejorar las condiciones de vida de los hombres a los que dicen representar. Esto último sería el mejor acto para honrar a los mineros que murieron en donde vivieron.