| Recaudo ante turbulencias El año comienza con un componente de histeria económica agudizado por el cambio de gobierno que se avecina en Estados Unidos y los graves problemas involucrados en nuestra relación con ese país. En el ambiente se agrega el grado de contundencia que han adquirido los enfrentamientos a la delincuencia organizada, principalmente la del tráfico de drogas, y que produce miedo en la población e incertidumbre en la vida cotidiana. Por si fuera poco, el miércoles por la noche se formó un minitornado sobre la capital del país, generando vientos que ocasionaron siniestros y desperfectos de los que una parte de la población aún no se recupera. Mal augurio. En la agenda del año se agregan asuntos que serán, sin duda, motivo de controversia, si no es que de franco conflicto para la vida económica, social y política. En lo económico, los efectos de la caída de la economía de EU están aún por verse. Como se ha hecho notar acertadamente, es difícil prever cuándo tocará fondo, pero lo cierto es que el nivel de actividad de nuestra economía descenderá en una proporción significativa por estar ligada, en más de una cuarta parte de su producto, al dinamismo de Estados Unidos y Canadá. Esta situación producirá desempleo y una reducción sensible del ingreso familiar promedio. Esperemos que la desaceleración económica no se convierta en franca recesión, pues de ocurrir esto último estaríamos ante una situación inédita. Recordemos que desde que en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la economía de EU no había enfrentado un problema como el que desató la crisis del sector inmobiliario, que afecta a la mayor parte de la población de ese país. Es, pues, la primera vez que se presenta un peligro de esta naturaleza después de una prolongada etapa de expansión económica estadounidense. Probablemente la mayor lección que obtendremos de este traspié es que cualquier fundamentalismo económico envenena la cabeza de las autoridades encargadas de gobernarla. Y de la circunstancia actual veremos surgir la enseñanza de que la economía necesita Gobierno, es decir, instituciones que la regulen. Si ello hubiera estado previsto en Estados Unidos, es probable que no ocurrieran los excesos irresponsables que condujeron a la debacle. En el plano social se han anunciado varias complicaciones. La primera que apareció en el calendario fue la manifestación de descontento de organizaciones sociales, principalmente agrarias, por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN. La continua corriente migratoria desde las regiones expulsoras de México han traído un beneficio: las remesas. Éstas han crecido hasta convertirse en la segunda fuente de ingresos provenientes del exterior. Pero al mismo tiempo han sido una expresión de la pasividad para hacer frente a la reestructuración de la economía agraria que haga competitiva a la agricultura mexicana. Se ha puesto el acento en la dificultad que representan los subsidios que Estados Unidos da a sus agricultores, con lo que deja fuera del mercado a quienes no cuentan con apoyos semejantes y cuyos rendimientos productivos son inferiores por razones materiales y técnicas. Pero no puede negarse que en los 14 años que han transcurrido desde 1994 las autoridades no han podido con el paquete de modernizar el campo, ni han conseguido convencer a los sectores más atrasados de la economía agrícola de tomar iniciativas para modernizarse. ¿México profundo o México excluido (y autoexcluido)? Me inclino por lo segundo. En lo político, la variable PRD, que se despejará en marzo, contribuirá a definir la ecuación del comportamiento futuro del sistema de partidos. La incógnita es si ese partido saldrá unido o fracturado de su proceso interno. Como segunda fuerza política en las elecciones federales de 2006, ha desaprovechado la oportunidad de incidir en la agenda política al producirse una separación entre López Obrador y la dirigencia parlamentaria del partido. La apuesta del primero ha sido al todo o nada. Lo más probable es que le “salga sello”. Pero puede intentar un éxodo de su partido hacia la formación de otro instituto político, como lo ha revelado EL UNIVERSAL hace dos semanas. La fracturación abonará el camino hacia el bipartidismo y pondrá en riesgo la presencia en el espectro electoral de una izquierda independiente que requiere modernizarse. Proyectando la cuestión hacia el 2009, es evidente que nadie sería más beneficiado que el PRI y, probablemente, ello también significaría un reforzamiento del PAN como primera fuerza política en el plano federal. En sí mismo, este hecho sería anecdótico si no estuviera en juego la reforma de las instituciones del régimen político, que enfrentan el desafío de dar cabida a varias fuerzas políticas, de construir mecanismos y reglas para el acuerdo y el compromiso entre posiciones ideológicas distintas, o bien cerrar el espectro político hacia el acomodo de dos grupos mayoritarios, lo que, en el mejor de los casos, podría significar una modernización del presidencialismo atávico. Hay que agregar a lo anterior que en la agenda legislativa se acerca el momento de decidir la forma en que se dará solución al grave problema energético del país. Las visiones relevantes en este campo son diametralmente opuestas, y es difícil pensar que pueda llegarse a un acuerdo aceptable que, a la vez, atienda el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y electricidad que afecta al país. Todos estos componentes unidos en la destartalada balanza de una transición política a medias pueden contribuir al incremento de las turbulencias. Como puede comprenderse, a la base de cada uno de estos problemas están las asignaturas pendientes ante lacras y problemas que no se ha podido o querido enfrentar: una concentración desmesurada de poder económico y político en unas cuantas manos y una ciudadanía que no puede creer con base suficiente que es ella la que conduce al país. ugalde@servidor.unam.mx Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM | 
