| El Instituto Federal Electoral ha quedado, finalmente, integra-do en su Consejo General con el nombramiento del nuevo consejero presidente y dos consejeros más que sustituyen al que renunció y a los que fueron despedidos por la Cámara de Diputados. Es un buen momento para reflexionar sobre la forma y el fondo de estos cambios operados por los diputados del Congreso y sobre el futuro de la institución organizadora de los procesos electorales federales y reguladora de los partidos políticos. En primer término debe subrayarse la prepotencia con la que se manifestó, a lo largo de casi medio año, el poder que la Cámara de Diputados ejerce sobre el órgano supuestamente autónomo que, a la vez, administra los procesos electorales en los que los diputados son designados por la ciudadanía. Este rasgo, que ya se había hecho notar en ocasiones anteriores, particularmente en la designación del Consejo General en el año 2003, constituye uno de los vicios de origen más graves que caracterizan a la legislación electoral vigente. Si el Consejo General del IFE es el encargado de organizar las elecciones para constituir al poder Ejecutivo y a los integrantes del Congreso Nacional y, al mismo tiempo, está bajo el control de la Cámara de Diputados, ¿cómo podemos distinguir esta situación de la anterior, en que la institución electoral era dominada por el único partido en el poder? Si antes el Presidente y su partido dominaban el proceso político casi en su totalidad gracias a la existencia de un sistema presidencialista de partido hegemónico que ejercía un férreo control electoral, hoy en día la designación y control del consejo del IFE es manejado por tres partidos los que, a su vez, debieran ser regulados, monitoreados y fiscalizados por el órgano electoral. Se produce de este modo un círculo vicioso que ha terminado en una reducción de la autonomía del Instituto Federal Electoral mediante la intervención de los mismos actores que se la otorgaron cuando dicha autonomía era una condición necesaria para la equidad electoral, indispensable para compartir el poder, que durante tanto tiempo se reclamó al sistema autoritario. La designación que tuvo lugar la semana antepasada fue a todas luces mejor que la del año 2003. En esta ocasión, por lo menos los partidos políticos fueron en su totalidad corresponsables de la designación. Ninguno podrá alegar en adelante que fue hecho a un lado o que la designación de los consejeros tuvo algún viso de falta de legitimidad. Sin embargo, es mejor no adelantar vísperas, pues no podemos descartar la probabilidad de que algún actor quiera patear el tablero alegando falta de equidad o acciones supuestamente perversas en su contra. En 2003, el PRD intentó ejercer un poder de veto que lo llevó a negar de facto la validez (aceptada por ellos) de la regla de elección por mayoría calificada a la que está sometida la designación de los miembros plenos del Consejo General. Su deserción del proceso en aquella ocasión fue fallida, pero sólo por un tiempo. El apretado resultado electoral de 2006, cuya validez fue y sigue siendo negada por quien entonces fuera su candidato, le permitió ejercer parcialmente el poder de veto que en la primera ocasión no pudo imponer. Los otros dos partidos que cogobiernan el Congreso cedieron en este segundo momento lo que en el primero no estuvieron dispuestos a entregar. Todo en aras de encontrar una solución de consenso para encarrilar de nuevo al IFE como una institución viable de cara a las elecciones del año 2009. Pero en esta acción destaca el hecho de que los partidos y sus bancadas de diputados han perdido el sentido del poder que les fue conferido para designar al Consejo General y respetar su autonomía. Ese sentido no es la defensa de los intereses de los partidos, sino la integridad del respeto al libre sufragio de los ciudadanos para designar a sus gobernantes. En el espacio público permanece un sentimiento de agravio, pues las negociaciones entre los partidos políticos en el Congreso fueron a todas luces un intercambio para satisfacer intereses, no los derechos de los ciudadanos. El proceso de nominación, selección y descarte de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas expertos en materia electoral hasta llegar a la solución adoptada, evidencian con toda claridad que la decisión final estuvo centrada más en satisfacer a los partidos y a sus equilibrios internos que en la reparación del daño causado a la institución electoral y a las garantías de los electores. Si hubiera prevalecido un recto espíritu democrático, era obligada la elevación del perfil del Consejo General y fortalecer la autonomía de la institución. Cabe preguntarse si el actual es el método adecuado para la selección del Consejo General del IFE, partiendo de que estas condiciones adversas han de permanecer en el horizonte mediato. Y la pregunta conduce a valorar la alternativa de que la facultad de su nombramiento sea trasladada a los ciudadanos mediante elecciones directas. Ciertamente ésta sería una solución costosa, pero probablemente es más onerosa la perpetuación del statu quo. Por otra parte, si se establece un proceso de selección apropiado de los candidatos a ocupar escalonadamente los cargos de consejeros, éstos podrían ser votados en las mismas jornadas electorales federales. Esta opción podría contribuir a fortalecer la independencia de la institución, creando una fuente de legitimidad del árbitro que no dependa de los equipos jugadores en la cancha, como lamentablemente es el caso hoy en día. Es imperativo que el Consejo General busque el fortalecimiento de su autonomía. Esto se antoja pertinente en varios frentes, pero sobre todo en dos que son de la mayor importancia: la organización de las elecciones intermedias del próximo año y la fiscalización de los partidos en sus procesos internos y en la rendición de cuentas al órgano electoral de los dineros públicos que les han sido asignados para su desempeño. El problema es que no se ve cuál pueda ser la palanca ni el punto de apoyo para acometer esa empresa. ugalde@servidor.unam.mx Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM | 
