| La polarización de las opiniones en torno a los arreglos que se requieren en el sector energético y, en particular, en Pemex, han tendido a dejar de lado el problema del desarrollo del país como clave estratégica del problema. Suele ocurrir con muchas políticas públicas. Pensadas en su creación a partir de una concepción de los objetivos a los que obedecen, se independizan de ellos, pierden sus valores originales y deambulan como fantasmas de los cuerpos que originalmente les dieron vida. Suele pasar con toda clase de políticas. ¿Para qué queremos el petróleo si no es para procurar el desarrollo del país? Se supone que en ese valor se origina la idea de “propiedad nacional” del subsuelo. Sin embargo, esto no es exacto. El dominio del Estado sobre los bienes del subsuelo, la tierra y aguas de superficie proviene en sus inicios de la potestad de la Corona española sobre los territorios conquistados. Con excepción del momento en que la República liberal, encabezada por Benito Juárez, “desamortizó” los bienes eclesiásticos y comunales e introdujo al mercado el factor principal de la producción en la época, la tierra, en la historia del México independiente ha prevalecido esa idea que se remonta a la dominación ibérica. Hay que recordar que cuando se produjo la “expropiación” del petróleo en 1938, Cárdenas no tenía en mente ‘recuperar’ los mantos petroleros, pues éstos eran de la nación y eran concesionados para su explotación a compañías extranjeras. El conflicto con éstas se produjo cuando rechazaron un laudo laboral y desconocieron la soberanía de México sobre ellas, lo que resultaba inaceptable. Cárdenas expropió sus instalaciones y fundó Petróleos Mexicanos, cuyo manejo quedó en manos exclusivas del gobierno. Así, la operación empresarial sobre el petróleo se agregó al preexistente dominio constitucional de la nación sobre el hidrocarburo. En la actualidad hemos pasado de una situación de abundancia a otra de escasez; de un Pemex con capacidad financiera y técnica para explorar, refinar e, inclusive, incursionar en la industria petroquímica a otra en la que esas capacidades declinaron drásticamente. Las razones son muchas. Entre las más importantes están las reformas económicas que se realizaron entre 1982 y 1994, que se basaron en una idea diferente sobre el papel del Estado en el desarrollo económico. Como la política anterior, también pecó de apartarse del espíritu de la Constitución en la materia. Además, en ausencia de condiciones democráticas, se privó a la ciudadanía de aceptar o rechazar con su voto las reformas económicas basadas en el fundamentalismo de mercado. La descapitalización de Pemex se efectuó desde entonces de modo rampante, siempre bajo dos supuestos que imperaron en su operación por el gobierno: uno, que las ganancias por la venta de petróleo se destinarían a sostener el crecimiento del gasto público (sin una reforma fiscal relevante que allegara recursos frescos por la vía impositiva); dos, que el concepto mismo de empresas del Estado manejadas por el gobierno debía ser desechado y en su lugar, pasar a un modelo en que el Estado fuese un regulador mientras que los particulares se ocuparían de todas las actividades económicas. Se generó así el peor de los mundos posibles: una empresa depredada por los encargados de las finanzas públicas que dependieron crecientemente del producto de la venta de crudo. Además, junto a la idea de que el Estado no debe participar como empresario en el desarrollo económico se aparejó otra según la cual los impuestos deben mantenerse en bajos niveles para no desestimular la inversión de los particulares. En resumen, Pemex fue abandonado “a su suerte”, depredado por dos lados: el gobierno que extrajo sus ganancias netas sin invertir en el desarrollo de la empresa y el sindicato petrolero, uno de los más corruptos y, en buena medida, origen de la ineficiencia de la empresa. Ahora que el llamado Consenso de Washington ha caído en desuso y en ausencia de un paradigma que lo sustituya, el desastre no puede ser mayor. Las reservas probadas de petróleo se acaban. Su fin está fechado entre el 2010 y el 2012, cuando esté por terminar el sexenio. Mientras tanto, las tres fuerzas políticas predominantes no parecen tener una idea clara de lo que debe hacerse, con la excepción del grupo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que propone no hacer nada hasta que él llegue al poder. La ideología de la Revolución Mexicana ha sido y sigue siendo un poderoso instrumento de dominación que impide a unos decir con claridad qué quieren y a otros reiterar contumazmente fórmulas que carecen de sentido en el tiempo presente. Al peso de las ideologías contribuye la percepción de que las políticas de privatización no han beneficiado al país en la medida prometida por quienes las pusieron en marcha. Ejemplos sobresalientes en la opinión pública son el monopolio de las telecomunicaciones y el sistema bancario. Si bien en ambos se produjo una modernización técnica que amplió considerablemente la oferta de servicios, la estructura de propiedad que se ha mantenido con la aceptación del Estado ha llevado al encarecimiento de dichos servicios muy por encima de los precios internacionales. Si añadimos el triste papel que juega la televisión, concesionada por el Estado a un duopolio, cabe preguntar cómo se justifica ética, política y económicamente la apertura de la energía a la inversión privada. Lo que más sobresale en la estridente manifestación de pareceres es que el conflicto político se sobrepone al buen sentido y que la política energética no se está ajustando a una estrategia, que brilla por su ausencia, para el desarrollo del país y no al revés. ugalde@servidor.unam.mx Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM | 
