En el fondo el objetivo es, como claramente menciona el rector de la Universidad de las Américas, AC, según los medios de comunicación, “escuchamos que el Estado ya no puede manejar los ámbitos fundamentales de la economía y se los tiene que dar a la iniciativa privada y resulta que en materia educativa es al revés”. Declaración aventurada, ya que si el Estado quisiera, podría manejar la economía; por ejemplo, los energéticos. El problema es que no quiere hacerlo debido a la política económica elegida y convertida en un fetiche.

Varios de esos empresarios conciben al mundo como un supermercado, y en el caso de la educación ya no se trata de considerar futuros ciudadanos a los alumnos, sino clientes que deben recibir una preparación para entrar al mercado laboral y, además, estar financiados con dinero público. Pretenden que el Estado se desentienda de utilizar la educación como un proceso para superar las terribles desigualdades prevalecientes y que financie a los centros privados.

Buscan convencer al gobierno para implantar alguno de los dos sistemas vigentes en varios países, donde se financia a escuelas privadas con dinero público o se da a los alumnos un “bono” para que supuestamente escojan la institución que quieran, partiendo de la consideración errónea de que todas las familias tienen iguales condiciones sociales y económicas para realizar tal elección.

Varios estudios indican que el bono escolar no ha favorecido una mejor, y sobre todo más equitativa, enseñanza, sino que ha ayudado a convertir a la educación en un gran negocio. Si no, que lo digan las universidades que ahora en nuestro país son parte de fondos extranjeros, cuyo único objetivo es el mayor lucro posible. No sorprende por ello la profusión de folletos y propaganda pagada en los medios en los que, como guías de hoteles y restaurantes, los centros privados se clasifican según el número de “estrellas”, que ellos mismos asignan en función de instalaciones, gimnasios, auditorios, cafeterías, etcétera.

La SEP tiene una grave responsabilidad ahora que los empresarios privados, extranjeros y nacionales, van a someterle la propuesta de “bonos educativos” como la solución para atender la demanda. El Estado mexicano tiene muchas otras vías para hacerlo, como puede ser la educación a distancia regulada por la autoridad, que daría oportunidad a decenas de miles de estudiantes.

La educación es un bien cultural, no un mero servicio que puede atenderse como si se fabricaran productos de consumo generalizado. Hablamos del futuro de la actual generación y que no debería someterse a las leyes del mercado. La experiencia ha demostrado que los resultados han sido negativos.

Este embate de algunas universidades privadas, que más bien son escuelas de negocios que preparan gerentes, debe ser rechazado, porque no resuelve sino agrava la desigualdad existente en el país y reduciría los magros presupuestos de las universidades públicas.

Analista político y economista

Analista político y economista.

Coordinador de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también fue secretario general y contralor general.

En el ámbito público, fue subsecretario de la Contraloría y subsecretario de Desarrollo Social.