Lo que es increíble es la negativa original de la Corte cuando, bajo argumentos falaces, indicaron que los datos eran “confidenciales” y que los ministros ya no eran servidores públicos. Lo que nunca mencionaron y por supuesto sabían era que los recursos provenían del erario público, el cual debe tener total transparencia. Lo ocurrido y ahora ya público debería generar vergüenza a los ministros que decretaron la confidencialidad, pues en estos años de ocultamiento de datos se dieron el lujo de incrementar las pensiones en más de 150%.

Por arte de magia las pensiones se incrementaron de 65 mil a 160 mil pesos, que es lo que hoy reciben. Debemos recordar que los pensionados no pagan ningún impuesto, es decir, reciben sus pensiones libres de polvo y paja. Pero, además de las pensiones, de manera vitalicia también, según la información publicada, tienen chofer, asistente, seguros de gastos médicos y hasta “viáticos” para sus comidas.

En un país con la enorme desigualdad que tenemos, conocer estas situaciones en uno de sus poderes y saber que el uso patrimonial de los recursos públicos es un hábito más que frecuente deja únicamente tristeza. Nadie puede estar en contra de que los ministros reciban pensiones decorosas; los 65 mil pesos hoy serían más que suficientes para cualquier persona de este país. Pero, por lo visto, no se contentaron con ello y asaltaron el cielo presupuestal con toga y birrete.

Ha tenido que ser la presión de nuestro periódico y de los nuevos miembros del Comité de Transparencia en la Corte, aunada a las reformas del artículo sexto constitucional, las que han descorrido el manto de protección sobre algo escandaloso.

Harían muy bien, por el prestigio de la Corte, si revisaran las cantidades asignadas a sus pensiones y, quizá —si no reducirlas, porque seguramente iría en contra de derechos adquiridos, por lo que se ampararían y por supuesto ganarían—, ponerlas a tono con el país y, sobre todo, tomando en cuenta que en materia de pensiones en la administración pública la máxima pensión cuando mucho alcanza los 15 mil pesos.

No se pueden pretender pensiones de primer mundo en un país de tercer mundo. Eso es lo que ocurre en la Corte, sin considerar que varios ministros jubilados siguen trabajando en otras instancias públicas y cobran por ellas. Por lo menos deberían tener la decencia de renunciar a alguno de esos cobros.

Lo que ocurre en la Corte es parecido a lo que sucede en el sistema financiero público, donde también se despachan con la cuchara grande en materia de pensiones y hasta ahora nadie en el Poder Ejecutivo federal ha hecho algo por reducirlas, o por lo menos por que no aumenten. Así, tenemos financieros que siguen trabajando, con jugosos salarios, y no renuncian a sus emolumentos. Tenemos hasta funcionarios de organismos internacionales muy bien pensionados.

Esperemos que la reacción de la Corte sea la correcta y limiten sus estipendios, por el bien no sólo de su imagen sino en favor del país para el que trabajan como servidores públicos. Ojalá honren esta designación.

Analista político y economista

Analista político y economista.

Coordinador de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también fue secretario general y contralor general.

En el ámbito público, fue subsecretario de la Contraloría y subsecretario de Desarrollo Social.