Ayer en una nueva reunión del Consejo de Seguridad, en Palacio Nacional, estuvieron presentes el Presidente de la República, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. De inicio, las cosas marchan por mejor camino que hace cuatro años.

En 2004, los gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; Eduardo Bours, de Sonora; y Francisco Garrido, de Querétaro, denostaron la propuesta de Vicente Fox; ninguna medida alternativa salió de sus oficinas. Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, se quedó un paso atrás y descalificó de inicio la demanda ciudadana a cuyos organizadores calificó de “pirrurris”.

Obviamente, la construcción del “gran acuerdo de seguridad pública” que ambicionaba el entonces mandatario panista era imposible. Y, desde luego, las medidas que supuestamente concretó 60 días después de anunciarlas sirvieron para muy poco.

Entre esas acciones destacan la puesta en operación de un sistema federal de atención a víctimas del delito, en el cual habría coordinación de las autoridades con la sociedad civil; un incremento presupuestal en 2005 para las actividades de seguridad; tiempo del Estado en los medios de comunicación para realizar campañas en favor de una cultura de la legalidad, la prevención y la denuncia, así como mejores mecanismos de coordinación con los gobiernos locales.

Los puntos anteriores, participación ciudadana, mayores recursos y apoyo de los medios se repiten como propósitos nuevamente. ¿Por qué habrían de funcionar ahora? La respuesta está, primero, en una voluntad política y coordinación permanente de los mandatarios federal y estatales, del Congreso y el Poder Judicial. Después, en la instauración de un sistema de controles, rendición de cuentas y transparencia hasta ahora inexistente en las policías, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

La indignación social es tal que sería tentador para los políticos satisfacer algunos reclamos con medidas mediáticas pero ineficaces como la cadena perpetua y la pena de muerte. La encuesta publicada hoy por EL UNIVERSAL muestra que la gran mayoría de las personas (68%) cree que poner penas más severas ayudará a que haya menos secuestros. La realidad, en México y el mundo, va en sentido contrario y los políticos deben entenderlo, pese a su tendencia a “soluciones” populares de corto plazo.

Esta vez, sin embargo, hay una presión social creciente y que parece tener un foco. “Si no pueden, renuncien”, indicó el empresario Fernando Martí, padre del joven cuyo asesinato provocó las reacciones que llevaron a la reunión del jueves.

Entre los puntos que formuló el Consejo para combatir la inseguridad están “crear una política de Estado de procuración de justicia y prevención del delito”. Con la experiencia acumulada acerca del lenguaje de los políticos eso puede significar todo o nada.

La instrumentación de un sistema común de evaluación de los sistemas de seguridad y justicia, mejorar la capacitación y las condiciones de trabajo de las policías en todo el país, y la participación ciudadana en tareas de control son el tipo de acciones que se necesitan. Llevarlas a cabo requiere la misma voluntad y coordinación expresadas ayer en Palacio Nacional, hoy, en 2009, y en 2012.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.