La combinación es brutal, porque ocurre mientras un reporte de generales retirados del Ejército consigna “la superioridad de la delincuencia” respecto de la policía y se propone la creación de una policía nacional militarizada como fórmula para enfrentar un problema de delincuencia que parece desbordar cauces.

La propuesta incluye la posibilidad de pena de muerte a los policías que se vinculen con los delincuentes organizados, pero como en toda propuesta de ese tipo, “el diablo está en los detalles”, sin olvidar el tiempo —probablemente años— que llevaría la creación de semejante grupo.

Y en ese marco surge otra vez la voz de una madre golpeada por el secuestro de su hija. “Devuélvanme a mi hija”, clama Silvia Escalera, madre de Silvia Vargas Escalera, hija también del ex dirigente deportivo Nelson Vargas, que hace ya casi un año fue secuestrada por desconocidos, a quienes ofrece entregarles el dinero que pidan.

El caso era conocido en los medios de comunicación, que se habían abstenido de publicarlo a solicitud de la propia familia Vargas. Y, a menos que algo suceda, Silvia Vargas Maldonado cumplirá un año de secuestrada este 10 de septiembre.

El secuestro de Vargas Maldonado fue revelado sólo tres semanas después de que México se estremeciera por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí y su chofer, Jorge Palma Lemus, a pesar del pago del rescate, y apenas cuatro días después de que las “fuerzas vivas” de la nación llegaran a un acuerdo nacional de seguridad como secuela de ese drama.

Pero cuando el escándalo Martí no ha terminado y aún resuenan los ecos de la reunión convocada por el presidente Felipe Calderón con la asistencia de gobernadores, legisladores y líderes políticos nacionales, hay dudas de que haya un efecto real sobre la delincuencia.

Peor aún, la revelación del secuestro de Vargas Maldonado ocurrió a 120 horas de una marcha nacional contra la violencia, una que las autoridades electas y los partidos políticos parecieran querer ignorar como si los “compromisos” firmados el jueves bastaran para cumplir su responsabilidad.

Para agravar las cosas, además, hay quienes creen que las autoridades sólo se conmueven por los secuestros y delitos de alto perfil o cometidos contra miembros de la clase social más alta, los únicos con los recursos sociales y económicos para pagar recompensas e investigar por cuenta propia los secuestros, como debió hacer la señora Isabel Miranda de Wallace en el caso de su hijo, Hugo Wallace.

Y, aun así, no fueron pocas las voces políticas que calificaron de “extrema” la demanda del empresario Fernando Martí para que los funcionarios que no se sientan capaces de cumplir con su cometido “se vayan”.

El país enfrenta una crisis. Menos por problemas políticos que como consecuencia de corrupción e ineficiencia, con dirigentes políticos —sin excepción de partido— aparentemente ajenos a la oleada de violencia que se abate sobre una ciudadanía, que desde los estratos más humildes hasta los sectores más ricos ahora demanda seguridad y no está de humor para ser marginada o calificada de elitista por exigir sus derechos.

La demanda por seguridad sale de todas y cada una de las clases sociales del país, y ese es un problema grave.

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