El sábado 29 de noviembre de 1997 se realizó la marcha para exigir poner fin a la ola de inseguridad que se vivía en todo el país. La respuesta del entonces presidente Ernesto Zedillo: el compromiso de “apresurar” la lucha frente al crimen.

Marcharon Porfirio Muñoz Ledo, Santiago Creel, María de los Ángeles Moreno, Eduardo Bours, Felipe Calderón Hinojosa. Demandaron, desde sus trincheras, una solución duradera. Once años después ya no pueden ser parte de los indignados.

En 2004 la marcha fue aún más cuantiosa. El presidente Vicente Fox Quesada anunció 10 acciones para combatir la delincuencia y se comprometió a entregar cuentas claras en un plazo de 60 días “para que México sea un país más seguro”.

En un mensaje a la nación dijo que no habría “descanso, tregua, ni cuartel” para los delincuentes, toda vez que “el crimen no será más grande que la energía y la fuerza de la unión”. Pero sus medidas no tuvieron mayores efectos.

Los gobernantes de los partidos opositores lo criticaron en Sonora, Chiapas y Distrito Federal, aunque ellos tampoco hicieron mucho en los territorios que gobernaban.

Hoy, ningún encumbrado político de PAN, PRI o PRD puede decirse ya del lado de los demandantes. El crimen común y el organizado han ocupado los espacios que gobiernos federales, gobernadores y líderes parlamentarios de todos los partidos le han dejado disponibles.

Peor aún, algunos de ellos buscan descalificar las demandas de seguridad como provenientes sólo de las clases más favorecidas mientras los esfuerzos hechos no han tenido mayor suerte.

Es cierto que el detonante que obligó a los gobernantes a dar la cara fue el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de un empresario; sin embargo, ningún esfuerzo mediático pudo haber tenido tanto eco en el resto de los estratos si no fuera porque éstos han sufrido en carne propia similares tragedias.

La manifestación del sábado, tan grande o numerosa como sea, no es sino una señal de que “la gente” —esa comunidad a la que con desprecio buscan convencer los políticos a punta de spots y medidas populistas— pide ahora acciones, protección, a cambio de votos e impuestos.

Sin saberlo quizá y pese a la incompetencia demostrada desde hace cuando menos 11 años, los gobernantes tienen ya la respuesta frente a la exigencia de sus mandantes.

Unidades de élite han sido creadas a nivel estatal y federal con resultados exitosos; millones de pesos se han erogado en capacitar a grupos antisecuestro con asesoría francesa, israelí y estadounidense. ¿Dónde quedaron esos esfuerzos? Se esfumaron al primer cambio de gobierno. La clave no está ahí.

El sistema de justicia y el diseño institucional que permiten la impunidad sólo han sido remozados desde 1997 hasta la fecha porque los esfuerzos son aislados, esporádicos.

Para erradicar la delincuencia es indispensable capacitar y vigilar al Ministerio Público, obligar a la transparencia al juez, coordinar a la policía municipal con la estatal y la federal, homologar códigos penales en la República, compartir información entre secretarías de Seguridad, limitar el control de los ejecutivos locales sobre sus procuradurías.

Hacer todo eso es la única manera de ofrecer resultados duraderos. Para lograrlo, los poderes reunidos aquel día en Palacio Nacional deberán repetir el ejercicio cada año, ya no para trazar un plan, sino para dar seguimiento a sus resultados.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.