Como pocas veces en muchos años soportamos una pesada y variadísima carga de problemas que parecen aumentar, en lugar de disminuir.

En materia económica los precios de los productos básicos siguen en aumento. Las medidas presidenciales se han limitado a acuerdos con los empresarios que empezaron a funcionar en 2007 para establecer un precio máximo a la tortilla, pero han fracasado para ‘congelar’ los costos al consumidor de muchos otros alimentos este año. Las ganancias por los altos precios del petróleo se esfuman, según el gobierno, en pagar subsidios y los costos por telefonía y servicios bancarios, y financieros son de los más altos del mundo.

La seguridad está en crisis. Las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, en distintos grados, están infiltradas por delincuentes. El sistema judicial permite amplios márgenes de maniobra para que Ministerios Públicos y jueces decidan a voluntad quién es culpable o quién no; con lo cual el dinero se convierte en el factor determinante de sentencias y averiguaciones previas. Los sistemas penitenciarios albergan en casi la mitad de los casos a personas aún sin condena y son tierras sin ley en que lejos de procurarse la readaptación social se perpetúan los delitos.

En la política, los principales actores han pasado de un año productivo en materia legislativa, 2007, a un estado de confrontación en momentos en que la unidad es más necesaria. A la pugna permanente del PRD contra el gobierno federal debe ahora sumarse la extinción del ánimo de negociación entre PRI y PAN que consiguió antes las reformas fiscal, penal, al IMSS y al ISSSTE.

Pese a la evidencia, será cuestión de semántica si llamarle a lo anterior crisis o no; en todo caso, la gravedad de la situación es reconocida por todos, incluido el Presidente.

Es más preocupante aún el desconocimiento de dichos problemas o, peor, el deslinde que ya han hecho algunos actores políticos frente a la problemática actual. Al final, los responsables por las crisis económica, de seguridad y política están en PRI, PAN, PRD, en todos los gobiernos locales, en el Congreso y en el Poder Judicial.

El gobierno federal ha fallado en responder rápidamente a los altos precios de los productos básicos, mientras en Puebla el gobernador oculta el destino de 40 millones de pesos para incrementar la recaudación fiscal en el estado. En tanto, en la Cámara de Diputados todos los partidos se aumentan el sueldo y en la Suprema Corte los ministros se mandan a hacer retratos al óleo por 16 millones 173 mil pesos. Es sólo un ejemplo de lo que sucede en todos los ámbitos.

Si los dilemas de la Nación son de tal profundidad y tienen a tantos culpables, ¿qué esperar del Presidente? Un diagnóstico realista y respuestas sólidas, no porque sea el autor de la condición actual, sino por ser el jefe del Estado mexicano, único con facultades constitucionales para encabezar las acciones conjuntas que el país necesita.

La gente desea —más que frases alegres y promesas televisadas de un futuro mejor— tener la certeza de que aunque el gobierno federal no lo puede todo, sí tiene una idea clara de qué está pasando y cómo actuar en consecuencia.

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