Fijémonos bien, de esto son responsables todos y cada uno de los factores principales del poder: partidos políticos, corporaciones empresariales y sindicales, el duopolio de la televisión. También conlleva responsabilidad una ciudadanía que no ha podido impulsar a buen término la institucionalización de la democracia como método exclusivo e inequívoco de decisión colectiva en los asuntos públicos.

Si bien estas asignaturas pendientes son un reto formidable para el sistema democrático y para cualquier gobernante, sea del partido que sea, pocos parecen tomárselo en serio. La evidencia está en las reticencias porfiadas a trabajar por un acuerdo nacional suprapartidario encaminado a trascender esas lacras. Son, además, la excusa perfecta para los que escudan una agenda autoritaria tras un compromiso de dientes para afuera con la democracia, como ocurre con los que han tomado las tribunas del Congreso.

Ahí está el piso firme de una diarquía en potencia. El doble poder con el que siempre soñó Lenin, y que los bolcheviques hicieron realidad (y realidad proclamada, no disimulada, como le hacen aquí). Doble poder que no se resuelve más que con la hegemonía de uno sobre el otro. Doble poder que sabotea la estabilidad y el rumbo de la nación, que puede conducir a la dictadura y que el FAP ha elegido irresponsablemente con sentido de venganza hacia el titular del Ejecutivo.

Partir en dos el sentido de la vida social, dejando a los propios de un lado y a los ajenos del otro, haciéndolos irreconciliables, es una finalidad totalitaria que agrede la condición binaria de los humanos, la sempiterna necesidad de alternativas. Esta estrategia política está destinada a producir agrupamientos tajantes y excluyentes de la opinión, a dividir en dos las preferencias públicas, a crear dos campos irreductibles que no pueden emprender el diálogo, sino sólo la confrontación.

La estrategia no admite dudas, se trata de crear las condiciones para que una mayoría política no tenga otra opción posible que la de aceptar a quien se dice defensor de la nación, de la propiedad nacional, del bien de todos y que, ya sea como gobernante o como contrincante político, ha demostrado fehacientemente su mala fe, su inclinación a recurrir a cualquier medio, sea corrupto o no, sea legal o ilegal, sea legítimo o ilegítimo, para alcanzar sus finalidades. La democracia política es, para AMLO y su movimiento, solamente un instrumento, no un valor en sí mismo.

El FAP se ha puesto al servicio de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador, y falla la prueba de ácido de la democracia: la deliberación pública bajo el sometimiento a reglas mutuamente convenidas. Traiciona así la vocación democrática de la izquierda y reniega de su contribución a la construcción de los gérmenes institucionales de un nuevo régimen.

Lo primero es evidente, lo segundo no parece quedar suficientemente claro. Pero abundemos en las razones de ambas cosas y sus implicaciones para la vida política del país.

Por si quedara alguna duda, el propio López lo señaló: “Lo que necesito es tiempo”. Trascendió de sus correligionarios, que lo escucharon a puerta cerrada. Lo tuvo claro desde el 3 de julio de 2006, cuando se le presentó y dejó escapar intencionalmente una de las mayores oportunidades de la historia reciente para establecer un nuevo acuerdo político nacional. La escasa diferencia entre perdedor y ganador hacía factible un diálogo por la gobernabilidad democrática y el desarrollo equilibrado del país. Un pacto que hubiese podido moderar por igual las pretensiones oligárquicas de los grandes intereses económicos y el radicalismo de los grupos más autoritarios de la “izquierda”. Un pacto que habría trascendido lo peor de nuestra herencia histórica.

Pero ese momento escapó a través de una herida inventada: el fraude electoral nunca probado. Decía Maquiavelo que “gobernar consiste en hacer creer”. Trocar unas creencias por otras implica sembrar primero la duda acerca de lo que cualquiera piensa. Y López Obrador es un maestro haciéndolo.

Cuenta para ello con la torpeza de sus adversarios que no confrontan seriamente y con la celeridad necesaria realidades lacerantes del país, como la pobreza y la desigualdad extremas, como un sistema institucional que no se ha puesto a la altura de las exigencias del presente, como la inconformidad de los mexicanos que los padecen diariamente.

Todas estas lacras y otras más son realidad. Es estúpido e hipócrita desconocerlas. Pero ninguna de ellas justifica el sacrificio de una democracia política recién nacida que necesita de protección y cuidados extremos para no sucumbir al envalentonamiento fariseo de salvadores de cartón.

En efecto, para que la democracia se vacune contra la posibilidad de una diarquía que la destruya, debe fortalecerse el Estado, que es algo más que democracia. El Estado puede ser democrático o autoritario, pero no por esa sola razón es una institución fuerte.

Para que un Estado democrático (como lo han preferido los ciudadanos de México) sea fuerte, es indispensable que sus instituciones tengan credibilidad, y para conseguirla deben ser dúctiles a las necesidades de la sociedad.

No deben limitarse a servir a los mismos intereses o a unos pocos además, como los de la partidocracia. Si lo hacen, su ruina posible será siempre asunto de la agenda del día.

ugalde@servidor.unam.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM