De entrada es posible decir que la posición que se adopta frente a esto divide a quienes piensan que lo correcto es actuar en el marco de las instituciones para promover el cambio político, económico y social que hace falta, y los que piensan a la inversa, que es necesario poner en marcha un movimiento exógeno a las instituciones políticas para tomar el poder e instalar un gobierno “legítimo” y no “espurio”. Para no darle muchas vueltas, pienso que tienen razón los primeros y que los segundos sirven a una causa unipersonal. A continuación doy las razones.

A la luz de las informaciones reveladas por EL UNIVERSAL (jueves 24) que muestran el alto nivel de conflicto que hay en la dirección del FAP sobre la estrategia que debe seguirse, queda claro que las acciones extra, para o anti institucionales que ha dirigido López Obrador sirven a la causa definida en exclusividad por el ex candidato presidencial y cuyo eje, misión y finalidad es, nada menos, que hacer caer a Felipe Calderón para él ponerse en su lugar. No importa si para ello hay que cerrar el Congreso o dañar la estabilidad y el desarrollo del país; la prioridad lo justifica todo: instalar en el poder al autoproclamado “gobierno legítimo”. Tampoco importa si eso es factible, lo único que importa es hacerlo factible.

Es evidente que esta estrategia y el discurso que le acompaña poco tienen que ver con una postura intelectualmente rigurosa frente a la predicada obsolescencia definitiva, total e irremediable de las instituciones del Estado mexicano. En este caso la estrategia no sirve a la razón, sino la razón al despropósito.

Pero a pesar de esta inversión de las prioridades razonables de toda política democrática, no se puede pasar por alto que tiene seguidores, por lo que debe ser objeto de análisis y debate.

En sus expresiones maduras y consolidadas, la democracia no es un régimen formal, es una modalidad sustantiva de convivencia política y decisión colectiva en los asuntos públicos. Decir que es “sustantiva” no es inocente. Lo que hoy nos parecen meras reglas formales o procedimentales, son resultado de conflictos sociales y luchas políticas de larga data. Por ejemplo, que el Poder Ejecutivo deba enviar al Poder Legislativo bajo la forma de iniciativa de ley todo aquello que se propone hacer para modificar su esfera actual de facultades y capacidades, es resultado de una larga lucha histórica por evitar el poder absoluto de monarcas y autócratas que imponían su voluntad con decretos y leyes sin control.

Mediante el gobierno representativo, originado en el sufragio y organizado bajo el principio de división de poderes, la humanidad encontró el método para moderar el ejercicio del poder, y halló también la fórmula para encontrar soluciones pacíficas a los problemas conjuntos de la sociedad. Por eso, entre todos los sistemas políticos la democracia es, si se quiere, el menos malo pero, cuál es la alternativa, ¿la guerra de todos contra todos? Evidentemente no. Por eso la democracia no es formal, es “sustancial”.

Entender esto es, en el caso de México, una tarea de primer orden. Convertir este principio en convicción ciudadana activa es una condición para el desarrollo y consolidación de la democracia. Hacer todo lo que esté al alcance de los que se dicen “progresistas” para incorporar a su cultura política los principios y derechos democráticos es un objetivo estratégico para el desarrollo de un país que ha tenido muy pocas oportunidades de resolver sus problemas democráticamente.

No podemos olvidar que la formación de las instituciones electorales como las que hoy existen en México, a pesar de las presiones y desgastes a que han sido sometidas, no fue fácil. La democracia política en México fue resultado de una movilización social, predominantemente pacífica, resultado de la conciencia de la sociedad mexicana de que no hay otro camino posible para conducir el desarrollo nacional.

Es obvio que la democracia de calidad requiere de sedimentación, misma que no se consigue sin superar graves obstáculos como la acusada desigualdad entre individuos, especialmente cuando es reforzada por algunas instituciones. Y en este respecto debe decirse con toda franqueza que México se ha quedado atrás. Se ha rezagado en el control de los monopolios, en la rendición de cuentas de los gobernantes a la ciudadanía, en la puesta al día de las instituciones de gobierno, en la renovación del sistema de procuración e impartición de justicia.

Pero hay que decir también que avanzar en estos renglones solamente es posible profundizando la democracia política, inclusive mediante la movilización social, pero no contra la democracia política. La democracia es un fin en sí mismo, no solamente un medio.

Paralizar el Congreso, darle largas al debate sobre la reforma energética, regodearse en la fantasía de un caudillismo arcaico, negar la validez de la representación plural, poner piedras en el camino de las políticas públicas genuinas es actuar en contra de una decisión política fundamental del pueblo de México: contar con instituciones democráticas. La reforma a las instituciones para ampliar la inclusión de la sociedad en ellas hay que buscarla actuando a partir de las instituciones, no aniquilándolas. Ojalá todavía estemos a tiempo.

ugalde@servidor.unam.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM