SAN JOSÉ.— Impregnadas por la penetración de las narcomafias mexicanas y colombianas, las policías centroamericanas arrastran una fama de corrupción, tortura y abusos que podría afectar su acople con la Iniciativa Mérida, el plan de Estados Unidos que asignó 465 millones de dólares para combatir al crimen organizado en México y Centroamérica.

Aparte de “ensuciar” a los cuerpos policiales, militares y de seguridad del istmo, el crimen organizado infiltró sensibles estratos estatales de justicia, aduanas, migración y penitenciarías.

“Aunque su espíritu es otro, la Iniciativa puede desviarse a políticas represivas y violatorias de los derechos humanos”, advirtió la guatemalteca Claudia Samayoa, investigadora de Seguridad en Democracia (Sedem), institución no gubernamental de Guatemala. “Si van a dar fondos a las policías centroamericanas, cómo garantizar que no sea un apoyo a las políticas de limpieza social” ejecutadas por escuadrones de la muerte y grupos clandestinos surgidos en el pasado de filas policiales y militares, adujo.

Samayoa declaró a EL UNIVERSAL que “por ser un programa que viene de norte a sur, Mérida no está enmarcado en una visión de seguridad humana. Preocupa muchísimo cómo será el control democrático”.

Con unos 83 mil policías para 40 millones de habitantes, la corrupción policial abunda en la zona y es señalada por EU.

Más de 500 hombres fueron expulsados en 2007 y 2008 de la Policía de Guatemala, de 19 mil miembros.

Costa Rica, sin ejército y una Fuerza Pública de 10 mil efectivos, fue sacudida hace pocos días luego de que tres policías detuvieron a cuatro jóvenes y los entregaron a una narcomafia que asesinó a dos.

“Mandos altos, medios y bajos fueron excluidos en los últimos meses de las policías de Nicaragua, de 10 mil elementos, y de Panamá, con 15 mil.

La Policía de El Salvador, de 16 mil 500 elementos, ha sido acusada de abusos y de complicidad con pandilleros y el crimen organizado. En Honduras, la policía, de 12 mil 500 integrantes, está infiltrada por la narcomafia, dijo Ramón Custodio López, comisionado estatal de Derechos Humanos.