Por primera vez, las remesadoras recibirán la supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien se encargará de vigilar que cumplan con las normas para prevenir el lavado de dinero.

De acuerdo con las nuevas disposiciones que implementarán las autoridades en unas semanas, se obligará a estos intermediarios a solicitar datos del cliente en remesas desde 500 dólares y se abrirá un expediente para transacciones mayores a 3 mil dólares.

En el documento que elaboró la Secretaría de Hacienda y que se encuentra a consideración de Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) se detalla que como parte de la mayor fiscalización, las empresas tendrán que presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) documentos que comprueben su razón social; nombre del propietario o en su caso, de los principales accionistas; domicilio en el que se encuentran sus oficinas, locales, establecimientos o sucursales en las que efectúen las operaciones, así como el nombre de los administradores.

También tendrán que presentar copia de su cédula de identificación fiscal, incluso, el SAT tendrá facultades para vigilar el cumplimiento de las medidas y sancionar cualquier incumplimiento.

En la actualidad, estas empresas no reciben supervisión de ninguna autoridad, sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es quien se encarga de regularlas y resolver las quejas o controversias con los clientes.

Bajo las reglas vigentes de lavado de dinero, las remesadoras deben reportar operaciones sospechosas y relevantes equivalentes a los 10 mil dólares.

En las disposiciones la Secretaría de Hacienda especificó que los transmisores deberán integrar y conservar un archivo de identificación de cada uno de sus clientes para operaciones superiores o equivalentes a los 3 mil dólares.

En el expediente se tendrá que incluir para remitentes, personas físicas de nacionalidad mexicana o extranjeros, ya sea inmigrante o inmigrado: el apellido paterno, apellido materno y nombre; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique, entre otros datos.

Pero además del mayor control para los usuarios, los dispersores tendrán que vigilar el comportamiento de sus empleados y notificar al SAT cualquier cambio en el nivel de vida que sea diferente a los ingresos.